Respuesta del profesor Daniel Muñoz

Santiago, 10 de junio de 2008.

Hola,
Agradezco enormemente la respuesta de los estudiantes de pregrado en toma por cuanto demuestra su disposición al diálogo razonado como fórmula de resolución de conflictos, que es lo que se espera de nuestra comunidad tanto por parte de sus miembros como de la sociedad. Agradezco, asimismo, el interés de aportar más elementos y perspectivas en pos de la decisión de los estudiantes de pregrado que asistirán a la reunión de hoy día.
A continuación, algunas apreciaciones sobre esta nueva declaración de los estudiantes de pregrado en toma. Lo que intentaré a continuación es, en lo posible, precisar nuestros “desacuerdos de principio”, como bien los identifican los estudiantes en toma, de modo de poder explorar posibles soluciones a estos desacuerdos que no pasen por la detención de las actividades de la Facultad, la exclusión de sus miembros, ni las pérdidas financieras, de imagen, de confianzas y de energías que estas inevitablemente conllevan.
En términos generales, podemos convenir en que “este no es ni el espacio ni el momento de contestar pormenorizadamente” a mis comentarios, por lo que sería interesante que pudiésemos acordar como comunidad cuándo, cómo y dónde debería esto suceder. Ello no solamente en lo relativo a este intercambio en particular, sino que respecto de la actividad académica regular de nuestra facultad. Creo percibir, al igual que los estudiantes de pregrado en toma, la ausencia de espacios formales permanentes donde este tipo de materias se puedan discutir con la profundidad que ameritan. Más allá de las instancias legales de discusión interestamentaria, concuerdo en que nos sería de mucha utilidad poder incorporar el debate sobre materias de desarrollo institucional como parte de las actividades cotidianas de la Facultad y no solamente cuando aparece un nuevo proyecto o cuando los estudiantes se sienten pasados a llevar.
Dicho lo anterior, paso a resumir lo que me parecen los puntos centrales de esta nueva declaración:
1. Se reconoce la incorrección de indicar que no existía una definición del “nuevo trato” de la Universidad con el Estado. Un punto menos en la lista.
2. Se señala que el rigor formal que se exigía en mi última comunicación no corresponde al tipo de género discursivo conocido como “declaración pública”, la que, según los estudiantes de pregrado en toma, “no necesariamente precisa las mismas exigencias formales necesarias en la discusión científica y académica”.
Podemos convenir en que una declaración pública muchas veces sacrifica discusiones detalladas de sus principales puntos en aras del poder de síntesis. Mi punto era más bien otro, sin embargo, y trataré de reformularlo para dejarlo más claro.
Las afirmaciones y supuestos sobre los que descansa la anterior declaración no parece estar refrendada por la información ni los argumentos necesarios, ni en la declaración misma ni en ningún otro tipo de comunicación formal proporcionada por los estudiantes en toma y a la que hayamos tenido acceso. En este sentido, mi comentario debió haber sido, en realidad, no aplicable a la declaración solamente sino que a la postura de los estudiantes en toma en general. Vale decir, no debería haber criticado la declaración en sí misma, puesto que la pobreza y debilidad de fundamentos, argumentos y datos aportados ha sido más bien una característica de este movimiento en general.
Finalmente, el ejemplo de las declaraciones de los académicos de la Universidad y sus autoridades me parece poco feliz. En primer lugar, la mayoría circula en torno a los hechos del 20 de mayo y constituyen declaraciones donde se intenta explicitar un posicionamiento ético respecto a dichos actos, sin entrar, por lo tanto, en la discusión específica de las demandas de los estudiantes. Constituyen, de hecho, declaraciones de rechazo a estos actos, para lo que, efectivamente, es común apelar a nuestros reglamentos, a nuestra misión y visión (estos últimos contenidos en nuestros estatutos) y, en último término, a nuestras emociones. Creo que es necesario reconocer públicamente que tales actos sí ofendieron, apenaron y avergonzaron a gran parte de los miembros de la comunidad universitaria. Estos son sentimientos reales y necesariamente aparecen en este tipo de declaraciones.
En resumen, mi crítica se puede entender mejor respecto no del tipo de documento llamado declaración pública, sin que respecto del tipo, la calidad y la relevancia de la argumentación de los estudiantes de pregrado en toma. Por ejemplo, describir estas declaraciones como “rebosantes de argumentos sentimentales, apelaciones retóricas y oportunistas al sentido común y posicionamientos de voluntad en torno a los mismos entes abstractos de los que nosotros hablamos (educación pública y demases)” constituye, precisamente el tipo de juicios de valor sobre los cuales uno esperaría, razonablemente, creo yo, algún tipo de fundamentación, quizás no en la declaración pública propiamente tal, concedido, pero en alguna parte, en algún momento, de alguna manera.
3. Estoy de acuerdo con que no basta “con el conocimiento espontáneo e intuitivo de la realidad para hacer política” sino que se requiere de fundamentos acabados, rigurosos e informados. También estoy de acuerdo con que estos fundamentes no son una condición sine qua non para “opinar de algo”.
Creo, sin embargo, que el derecho a participar activamente en política y, más específicamente, en política universitaria sí requiere del manejo acabado de no uno, sino de varios géneros discursivos: declaraciones públicas, pliegos petitorios, cartas formales, discursos, proyectos institucionales, estatutos, reglamentos, proyectos de investigación y desarrollo, actas de reuniones, solamente por mencionar algunos de los géneros involucrados en esta coyuntura particular. Considero un error pensar que el dominio de géneros discursivos especializados transforme a los individuos en tecnócratas, creo más bien que los transforma en, nada más ni nada menos, que especialistas.

Mi punto era, sin embargo, otro. Dado que estamos en una comunidad universitaria, dado que los estudiantes de pregrado en toma son, efectivamente, estudiantes universitarios, y dado que su declaración estaba dirigida a la comunidad universitaria, me pareció (y me sigue pareciendo) razonable, esperar rigor en la argumentación y precisión en el aporte de evidencia, en tanto no se trataba de un grupo individual de personas simplemente ‘opinando sobre algo’. Aún más, mi opinión es que, tratándose de estudiantes de la Universidad de Chile, el rigor en la argumentación y el aporte de evidencia relevante y fidedigna constituye un requerimiento, esta vez sí, sine qua non, especialmente en consideración de la situación grave que estas declaraciones tratan de explicar.
Por otro lado, tampoco considero que estas expectativas constituyan “requerimientos y siutiquerías de la academia”, por cuanto son las mismas exigencias que se persiguen en la educación escolar, en el ámbito laboral y en el ámbito de los medios de comunicación, por mencionar algunas amplias áreas de actividad pública y privada. Lamento, en lo personal, que estas características fundamentales de una argumentación seria (en cualquier contexto), sean consideradas “requerimientos y siutiquerías de la academia”, por cuanto ellas constituyen un elemento fundamental en la formación especializada que intenta ofrecer como un bien público nuestra facultad y de la que los estudiantes mismos han decidido voluntariamente beneficiarse al ingresar a ella.
4. Si bien comprendo los motivos de enfocarse en algunos de mis comentarios previos y no en todos, me parece interesante hacer notar que esta nueva declaración, efectivamente, aporta un discurso mejor articulado y sólido que el anterior documento. Lo que demostraría que una declaración sí puede ser informativa, veraz, detallada y rigurosa y seguir siendo una declaración.
4.1. La cuestión de la legitimidad.
Estaremos de acuerdo, entonces, en que la definición de legitimidad se entiende de dos maneras, una como legalidad y otra como justicia. Por lo tanto:
- No constituye un “error” igualar legitimidad con legalidad por cuanto, tal como observan los estudiantes en toma, “una de las acepciones de legítimo en el diccionario de la Real Academia Española es la conformidad con las leyes y lo lícito”. En el sentido de legítimo = legal, por lo tanto, la aseveración de que “la única manera legítima de participación es aquella que corresponde por estatutos” es verdadera. Lamento el foco en un detalle como este, pero soy lingüista y mi reputación se habría visto empañada de comprobarse una falla tan grosera en el uso del diccionario.
- Es el sentido de legítimo = justo (permitido, razonable) el que, precisamente, explica mi principal cuestionamiento. El sentido “legalista” de legítimo no requiere de mayor argumentación de fondo, claramente, sino más bien remite a la referencia a un cuerpo de documentación legal (en nuestro caso, los estatutos). En este segundo sentido, sin embargo, en tanto alude a percepciones menos objetivas de los eventos, se hace necesaria una argumentación que explique y fundamente por qué algo es justo, razonable o permitido.
Dicho aquello, insisto en que ni en la declaración, ni en el petitorio unificado, ni en ningún documento oficial distribuido por los estudiantes en toma se presenta de manera explícita ese ejercicio de fundamentación. Puesto que la legitimidad (en este segundo sentido), y tal como se expresa en esta declaración, “SI está sujeta a opiniones”, convendría, por el bien de estas discusiones, establecer exactamente cuáles son esas opiniones y, una vez, explicitadas, aportar los argumentos y la evidencia que sustenta esas opiniones. Es en esta parte donde actualmente centro mis críticas respecto de los procesos de reflexión y documentación de los estudiantes de pregrado en toma.
Concuerdo, por otro lado, con que la realidad de la universidad es heterogénea. No concuerdo con que asumir que los estatutos son ley del Estado y que todos los miembros de la comunidad debemos tenerlos en consideración y respetarlos en nuestro actuar constituya un intento de “aparentar una posición homogénea”. De hecho, me parece que es una constatación de la realidad, más allá de mi opinión personal. Si las leyes sirven también para (aparentar) homogeneizar o no, es un tema que se escapa a mis capacidades de análisis.

4.2. La legitimidad de los estatutos.
La discusión sobre la legitimidad (= justicia) de los estatutos me parece sana. Personalmente, también comparto la percepción de la inequidad en los niveles de participación y representatividad de los estamentos, en términos de número de representantes y de derecho a voz y voto. Puesto que personalmente veo con buenos ojos modificaciones en ese sentido, celebro también que sea un tema de la mesa de diálogo. Mi punto es que me parece preocupante y, la verdad, frustrante, observar la institucionalización de los mecanismos de diálogo y negociación adoptados por los estudiantes en toma con miras a conseguir este mejoramiento de esos estatutos. Restablezco, entonces, mis reparos respecto a este tema.
- En particular, me sigue pareciendo inadecuado y poco eficiente discutir estas cuestiones sobre la base del ejercicio de la fuerza y la exclusión. Creo que esto genera una situación similar a la negociación con toma de rehenes y eso me parece poco sano.
-También me parece ineficiente y difícil de explicar una posición en que se exigen más derechos en la comunidad mientras se vulneran las obligaciones más fundamentales.
-Finalmente, sigo sin entender cómo se busca la modificación de los estatutos si es que, como principio de trabajo, se incentiva el diálogo y el encuentro fuera de los mismos. Esto último me parece ineficiente, por cuanto cancela, automáticamente, la posibilidad de conseguir lo deseado. A menos, claro, que lo que se busque sea una especie de cambio de facto de los estatutos, evento que me suena, por lo menos, improbable en un futuro cercano.
Se mencionan, también, las necesarias “confianzas estrechamente vinculadas a la experiencia de los movimientos, a sus demandas de largo aliento y las proyecciones estratégicas que estos trazan para obtenerlas”, como elementos de esta discusión.
- Sobre lo mismo, me parece, entonces entender que reconocen que se requiere de confianzas inter e intraestamentales sólidas para conducir estos procesos. Estaremos de acuerdo, entonces, en que parte importante de esas confianzas están actualmente particularmente debilitadas en este momento y que, muy posiblemente, insistir en la aplicación de la fuerza no hará nada por mejorar esa situación.
- Las demandas de la modificación de los estatutos no es de tan largo aliento, toda vez que estos llevan apenas un par de años en vigencia. Más aún, podremos estar de acuerdo con que, para los movimientos estudiantiles anteriores a los estatutos (en la década de los ’90, por ejemplo), estos mismos estatutos constituyeron efectivamente la aspiración de otros estudiantes de pregrado que, a propósito de ellos, también se tomaron la Facultad y la Universidad.
- Las proyecciones estratégicas de estos movimientos (para los próximos, digamos, diez años) no han sido comunicadas, ni explicitadas, ni fundamentadas en términos serios, rigurosos e informados en ninguna de las comunicaciones de los estudiantes de pregrado en toma disponibles hasta ahora.
Podremos concluir, por lo tanto, que condiciones que los estudiantes en toma consideran importantes para los procesos de reforma estatutaria que propugnan no están siendo cumplidas, lo que debilita las posibilidades de éxito en estas iniciativas.
La comparación con la UBA demuestra, a mi entender, que claramente se pueden tener Universidades cogobernadas. Lamentablemente, hasta ahí no más llega la comparación, puesto que las circunstancias históricas y actuales que rodean la puesta en vigencia de estos estatutos es considerablemente diferente. Por ejemplo,
- Los estatutos de la UBA donde se consignan la modalidad de co-gobierno, autonomía, docencia, investigación y extensión, fueron cimentadas por un grupo de reformistas a la cabeza de la ocupación de la UBA por parte del FUBA, como parte de un golpe Estado en 1955 (la Revolución Libertaria). Estos luego se perdieron durante las épocas de la dictadura y fueron reinstaurados por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983. En términos generales y específicos, me cuesta encontrar las similitudes con el contexto actual de la Universidad de Chile, que se ha dado a sí misma los estatutos en un período de democracia política y no mediante la intervención directa del Estado en su definición.
- Estoy de acuerdo con que, difícilmente, alguien podría argumentar que “la sociedad argentina no es ni la dictadura del proletariado ni el caos social”. Pero tampoco recuerdo a nadie argumentando tal cosa respecto a la lógica del co-gobierno para la Universidad de Chile.
- El hecho de que la UBA se cuente entre las mejores de Latinoamérica no es tan buen argumento, la verdad, toda vez que solamente significa que una universidad puede ser buena y estar co-gobernada. No significa que sea el mejor ni el único sistema. De hecho, según el Times Higher Education Supplement de Londres, la Universidad de Chile le sigue a la UBA y, hasta donde yo sé, las primeras cuatro, cuya calidad y excelencia tampoco, supongo, son cuestionables, no funcionan con co-gobierno. Tampoco Brasil ni México viven en “la dictadura del proletariado ni en el caos social”. Ver una copia del ranking aquí.
http://www.ort.edu.uy/index.php?cookie_setted=true&id=AAAACB

4.3. El informe CAPESUP.
Estoy de acuerdo con que el rol de “core funder” y “planificador” ni siquiera se acercan a la posibilidad de que el Estado se hiciese cargo de la totalidad de las necesidades de las universidades públicas. De hecho, creo que el informe contiene varios puntos preocupantes respecto del financiamiento estatal para las universidades públicas.
Mis comentarios al respecto, sin embargo, apuntaban a una cuestión de razones y que, felizmente, los estudiantes en toma reconocen: el documento del CAPESUP no dice lo que ellos decían que decía. Eso era todo. Mi argumento de fondo es que, nuevamente, lo mínimo que podemos exigirle a un movimiento estudiantil es que presente sus posturas sobre la base de información fidedigna.
Se podrá reconocer, entonces, que, al no ser la Iniciativa Bicentenario y los convenios de desempeño el nuevo trato, tal como reconocen los estudiantes en toma en esta declaración, desaparece inmediatamente uno de los principales cuestionamientos de fondo a la iniciativa y razón para la toma.
Finalmente, y a título estrictamente personal, para un caso como este, habría esperado además excusas formales, especialmente para los demás estudiantes, por haber, en la práctica, utilizado información que no era efectiva como manera de justificar sus argumentos y acciones.

4.4. El financiamiento.
Estoy totalmente de acuerdo con que “la revitalización de las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales” o cualquier “prioridad de interés general” no estriba en una inyección violenta y transitoria de recursos, además en una sola región, sino en una política sostenida de financiamiento por parte del Estado, a nivel de toda la Universidad de Chile (incluidas “ex”–sedes regionales). Me parece, de hecho que esta es una manera bastante precisa de revelar las limitaciones de este tipo de proyectos y explica, por lo tanto, porque no pueden, por definición, constituir la manera privilegiada de financiar a las universidades estatales.
Sin embargo, lo que se viene diciendo con insistencia es que:
- El proyecto JGM es eso, un proyecto, es decir empieza y termina en algún momento. Si somos capaces de hacer las cosas bien, este puede, efectivamente, mejorar sustancialmente las condiciones en que se desenvuelve la actividad de nuestra Facultad. La política sostenida de financiamiento a la que los estudiantes en toma aluden es, precisamente, lo que se pide con la formulación del nuevo trato del Estado y sus universidades. En otras palabras, una cosa es el mundo de los proyectos en los cuales uno compite legítimamente (en los dos sentidos) con otras instituciones y que siempre están apareciendo. Otra distinta es el tema del financiamiento basal y permanente que también requerimos y al que, se ha repetido en todo tipo de comunicaciones, la Universidad de Chile, sus académicos y, claramente, sus estudiantes, no hemos renunciado en absoluto.
Dadas estas circunstancias, me parece del todo compatible, por una parte, apoyar la oportunidad de ejecutar un proyecto enfocado a objetivos importantísimos de mediano plazo y, al mismo tiempo, apoyar a mis autoridades en su tarea de establecer acuerdos sobre relaciones permanentes de financiamiento con el Estado. No porque exista ningún afecto personal o afinidad política con estas autoridades, sino más bien por motivos prácticos y éticos, estas autoridades son los responsables y los facultados legalmente para conducir estas gestiones. Su fuerza, al respecto, de hecho, se ve mermada debido a situaciones de inestabilidad interna.
La UNAM y la UBA son, efectivamente, buenos ejemplos de Universidades Estatales que funcionan sobre un sistema de gratuidad para los estudiantes. Sería bueno, en algún momento, por lo tanto, intentar explicar en qué condiciones se dan estas experiencias y cuáles son sus consecuencias. Personalmente, trabajaría encantado en un sistema universitario público y gratuito para los estudiantes. No veo mayores reparos al respecto y, hasta ahora, no he presentado ninguno. Mi motivación ha sido explicitar los principios y fundamentos de la postura estudiantil y apuntar a serias debilidades de los mismos. Las motivaciones y los fines últimos son, hasta donde alcanzo a percibir, muy similares.
Lo que me interesaría recalcar es que, como veo las cosas, la “demanda histórica, sostenida, a largo plazo, por parte del movimiento estudiantil, de mayor aporte fiscal directo con miras a la gratuidad” es una demanda que probablemente muchos académicos respaldaríamos sin mayores problemas si es que, junto con aquella demanda, no se incluyera la de, por ejemplo, “cambiar los estatutos fuera de los estatutos”. De ahí que considere esta última demanda como ineficiente.
En lo que atañe al tema de la Iniciativa Bicentenario, sin embargo, me parece necesario reparar en que el hecho de que estas sean universidades con financiamiento completo del Estado no ha sido jamás obstáculo para la participación de las mismas en proyectos de investigación y desarrollo de todo tipo, nacionales e internacionales, privados y estatales (de ahí, de hecho, gran parte de su prestigio). En lo personal y a nivel puramente anecdótico, me agradaría también que pudiesen conversar con mis amigas y amigos de ambas universidades (académicos todos), para que escucharan sus testimonios respecto a las ventajas indesmentibles de estos sistemas y a las, también indesmentibles, desventajas de los mismos, sobre todo respecto de los niveles de aporte estatal a las áreas de la Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales.
Sobre el concepto de “endeudamiento razonable”, un par de cosas. Primero, que el concepto no es mío, sino del informe CAPESUP. Segundo, que estoy de acuerdo con que el término es vago y que no es descabellado en absoluto, sino obligatorio poner atención en qué significaría para el caso de nuestra facultad un “endeudamiento razonable”. Mi punto es que para ésa evaluación se requiere de estudios y cálculos que sí ha aportado la autoridad universitaria y, en caso de querer expresar reparos, contra-estudios y contra-análisis que, insisto, no han sido presentados por los estudiantes de pregrado en toma. La situación actual es que, por el momento, y a la luz de esta argumentación de los estudiantes en toma, podemos concluir que la Facultad permanece tomada porque estos mantienen “reparos” fundamentados en una “preocupación” y no en datos evaluables, ni siquiera reparos técnicos a los actuales documentos presentados por las autoridades. Eso es lo mínimo esperable de una discusión “más a fondo”, como se plantea. Mientras no se aporten estas fundamentaciones, resulta, a mi parecer, poco serio detener las actividades de nuestra Facultad entera con todo el daño que ello significa para ella.

4.5. El petitorio a posteriori
Hasta ahora, el único petitorio que conozco y al que he tenido acceso es el que recibí por correo algo así como una semana después de los actos del 20 de mayo. Desgraciadamente, en esta nueva declaración, nuevamente, no se aporta el contenido del petitorio previo que, por lo visto, si existió y del que no me he enterado, lamentablemente. Pido excusas por no haber recabado toda la documentación necesaria para emitir este juicio en particular, que, a la luz de esta nueva evidencia, resulta falso. Sería, al mismo tiempo, útil, que los estudiantes en toma proporcionaran una copia pública de este petitorio “pre-toma” para su discusión.
Dicho lo anterior, me parece un poco extraño tener dos petitorios, uno para antes de movilizarse y otro para después. Por experiencia, habría asumido que los motivos para realizar una medida de fuerza no pueden cambiar demasiado después de realizar esa medida de fuerza. Tampoco me queda claro cuál de los dos es el que deberíamos estar discutiendo. Si el actual es igual o similar al antiguo, entonces mis críticas de fondo las mantengo. Si son sustancialmente distintos, ello reflejaría una inconsistencia de las posturas de los estudiantes en toma, y eso sería aún peor, porque se agregaría a las otras críticas.

4.6. Pastelero a tus pasteles
Ya que nunca he emitido tales expresiones, espero ni siquiera haber insinuado que el grupo de estudiantes de pregrado en toma sean “un “grupúsculo” de dictadores que pretenden imponerse a una mayoría silenciosa de estudiantes”. Si esa fue la impresión, me corrijo inmediatamente. Entiendo, respeto y defiendo, la postura que implica que no es “prioritario ni pertinente que otros estamentos critiquen y cuestionen la forma en que el estamento estudiantil se organiza”. Las dinámicas internas de los movimientos estudiantiles de la facultad me son ajenos y no podría pronunciarme al respecto. Personalmente, no me tengo una opinión formada sobre los beneficios y desventajas de los CGR ni me he cuestionado si representa mejor a los estudiantes que un centro de alumnos u otro modelo de organización.
Lo que sí mantengo es que:
- “La amplía mayoría de asistentes” a una asamblea general no es una cantidad precisa y, por lo tanto, resulta difícil de evaluar como medida de fuerza y de apoyo a una decisión. Por esa misma imprecisión, se hace difícil evaluar para una autoridad, por lo tanto, el nivel de legitimidad (en el sentido de justicia) de la misma. Por otro lado, ofrece la desventaja de hacer invisibles a quienes deciden, lo que dificulta inevitablemente las posibilidades de diálogo. En la práctica, la autoridad se ve forzada a negociar decisiones trascendentales para toda la comunidad con representantes de un grupo impreciso de estudiantes de pregrado. Por lo pronto, podríamos al menos estar de acuerdo en que es verdadero afirmar que: la Facultad se mantiene inmovilizada por la decisión de “la mayoría” de los asistentes a una asamblea general de estudiantes de pregrado. Me parece que constatar que “una gran mayoría” no constituye un número preciso no constituye injerencia u opinión alguna respecto de las dinámicas de toma de decisión estudiantil.
- Segundo, “la amplía mayoría de asistentes” a una asamblea general, si bien es un argumento que refuerza la idea de legitimidad de sus propuestas, no garantiza tener la razón. Mi propuesta, por lo tanto, no cuestiona la legitimidad de la decisión, ni a cómo se planteó la discusión o la votación, por ejemplo, que es un tema que supera, tal como indica esta segunda declaración, mi ámbito de acción. Mi cuestionamiento es, más bien, al uso de este dato impreciso como fundamento racional de sus decisiones. Vale decir, puedo creer que sus propuestas son legítimamente compartidas por un grupo importante de estudiantes de pregrado. Sin embargo, no creo que sus propuestas sean más razonables en virtud de ese apoyo.
- Finalmente, para efectos legales, la FECH, efectivamente, representa a los estudiantes de la Universidad de Chile y, por lo tanto, los problemas de representatividad al interior de la FECH son problemas entre los estudiantes los cuales, como ya he establecido, no intentaré siquiera explorar pues no es de mi incumbencia.
A modo de conclusión, celebro la pronta respuesta de los estudiantes de pregrado en toma. Espero que podamos, eventualmente, seguir discutiendo la infinidad de temas que se han quedado en el tintero sobre estas cuestiones y otras igual de fundamentales.
La próxima vez que ello ocurra (cruzo los dedos), espero que sea en un contexto menos coercitivo y apremiante.


Atentamente,
Daniel Muñoz Acevedo
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad de Chile

Reading (UK), 10 de junio de 2008