Santiago, 10 de junio de 2008.
La presente declaración está dirigida en primera instancia a los estudiantes con motivo de la reevaluación de la toma el día de mañana, martes 10 de Junio. Sin embargo, a modo de posicionarse en el necesario debate de nuestra comunidad, también apunta a contestar algunos de los dichos del profesor Daniel Muñoz en sus comentarios a nuestra declaración como estudiantes movilizados. Que quede claro: no queremos convencer al profesor, queremos mostrar desacuerdos de principio, con el objetivo último de que la comunidad, con especial énfasis en nuestros compañeros, puedan contar con más elementos y perspectivas para así tomar la postura que les parezca más adecuada.
Este no es ni el espacio ni el momento de contestar pormenorizadamente a cada una de las críticas que sostiene el profesor, ante las que evidentemente no quedamos indemnes y nos parece correcto que así sea. Creemos que sería fructífero para la comunidad elevar el nivel del debate en instancias en las que las modalidades del discurso a las que alude el profesor vengan a lugar; por otro lado, muchos de los comentarios del profesor Muñoz nos parecen pertinentes, como por ejemplo el hecho de que incorrectamente, en nuestra pasada declaración, afirmamos que no había sido definida una propuesta de “nuevo trato” con el Estado por parte de la Universidad. Reconociendo dicho error quisiéramos hacer presente que pareciera que el profesor Muñoz nos exigiera un rigor formal que no es coherente con el género discursivo al que pertenece una declaración pública. Una declaración pública, generalmente, corresponde a una declaración de intenciones que no necesariamente precisa las mismas exigencias formales necesarias en la discusión científica y académica. Tampoco es el espacio adecuado para especificar todas y cada una de las nociones que se utilizan, debido a la importancia que adquiere la función fática, por lo que se busca que sea directa y muchas veces breve. Baste con leer las recientes declaraciones no nuestras, sino del rector, del decano y los consejos de facultad, rebosantes de argumentos sentimentales, apelaciones retóricas y oportunistas al sentido común y posicionamientos de voluntad en torno a los mismos entes abstractos de los que nosotros hablamos (educación pública y demases). No estamos diciendo que baste con el conocimiento espontáneo e intuitivo de la realidad para hacer política, sólo recalcamos que no es una condicio sine qua non para poder opinar sobre algo. Si el derecho a participar en política estribara en emplear un género discursivo que precise justificar lo obvio desde los requerimientos y siutiquerías de la academia, sólo podrían opinar y querer incidir en sus vidas quienes tienen acceso, dominio y preferencia sobre esos modos discursivos; viviríamos entonces (como quizás ya lo hacemos) en una sociedad de tecnócratas. Lo anterior no significa que no valoremos los cuestionamientos del profesor Muñoz, puesto que permiten crear un espacio de diálogo entre los estudiantes (movilizados o no) y parte del estamento académico, que en nuestra cotidiana vida académica, cuando la contingencia no nos presiona a ello, ambos estamentos hemos descuidado.
Por lo anterior, no creemos que este sea el espacio adecuado para responder a todos y cada uno de los comentarios del profesor Muñoz, pero si se hace necesario, para aportar a la discusión, enfocarse en algunos de ellos.
En primer lugar, nos gustaría hacer hincapié en la forma en que el profesor Muñoz define “legitimidad”. Es un error igualar esta noción con la noción de “legalidad”. Es cierto que una de las acepciones de legítimo en el diccionario de la Real Academia Española es la conformidad con las leyes y lo lícito, pero el profesor Muñoz olvida que en la línea anterior del mismo diccionario se agrega que lícito también es lo “justo, permitido, según justicia y razón”. Es un error igualar lo legítimo a lo legal, y es también erróneo que, en base a esto, se concluya que “la única manera legítima de participación es aquella que corresponde por estatutos”. La “legitimidad” SI está sujeta a opiniones. De otra manera, lo único que se logra es aparentar una posición homogénea en una realidad (la Universidad) que es heterogénea.
Esto, pues, difícilmente se puede hacer o incluso hablar de política (sea o no universitaria) limitándose a lo que los actores dicen de sí mismos, sin mediar en confianzas estrechamente vinculadas a la experiencia de los movimientos, a sus demandas de largo aliento y las proyecciones estratégicas que estos trazan para obtenerlas; nos referimos con esto, principalmente, al hecho de la constante apelación a los estatutos que jamás hemos legitimado[1], en el sentido, evidentemente que aclaramos más arriba. Se suma a esto el hecho de que en la mesa de diálogo se ha manifestado la voluntad de referendar los estatutos en la comunidad. Las razones del rechazo a la institucionalidad vigente están a la vista: ni en el Senado Universitario ni en el Consejo de Facultad tenemos participación efectiva. Para que no se nos acuse de ambiguos, especificamos qué se quiere decir con eso: en el Senado, ni aunque sumásemos una noción en bloque de funcionarios (2 senadores) y estudiantes (7 senadores) se puede proponer un tema. En el Consejo de Facultad tenemos derecho a un delegado con voz pero sin voto. ¿Se piden comparaciones, experiencias exitosas?, para muestra un botón: en la Universidad de Buenos Aires, la cual se encuentra dentro de las mejores cinco de Latinoamérica, existe cogobierno en igual proporción entre académicos, funcionarios, estudiantes y egresados. Por lo demás, la sociedad argentina no es ni la dictadura del proletariado ni el caos social.
Con respecto a la alusión al informe del Consejo Asesor Presidencial, si bien es cierto que el documento no explicita que los convenios sean el nuevo trato, tampoco se establece que el estado se haga responsable de la totalidad de las necesidades de las universidades estatales, y desde nuestro punto de vista el rol de “Core funder” (que el documento traduce como financista de aspectos básicos) y “planificador” tal como lo describe el informe del CAPESUP, no satisface esta aspiración. Se debe hacer presente que pensamos que “la revitalización de las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales” o cualquier “prioridad de interés general” no estriba en una inyección violenta y transitoria de recursos, además en una sola región, sino en una política sostenida de financiamiento por parte del Estado, a nivel de toda la Universidad de Chile (incluidas “ex”–sedes regionales). Nuevamente, existen ejemplos de universidades como la UNAM o la UBA[2], gratuitas, reconocidas por su capacidad de investigación y extensión, financiadas en gran parte por el Estado, en países que están lejos de venir de una revolución social reciente. Esto se ha expresado en una demanda histórica, sostenida, a largo plazo, por parte del movimiento estudiantil, de mayor aporte fiscal directo con miras a la gratuidad.
Con relación a que en “ninguna parte del documento de la iniciativa se indica algo sobre posibles endeudamientos”, sólo podemos responder que en el foro en que el decano explicó el proyecto (foro realizado a petición de los estudiantes) el Sr. Decano dijo explícitamente que la contraparte implicaba un proceso de endeudamiento. Por muy “responsable” que sea el endeudamiento, es obvio que no es una situación deseable, en cuanto implica una permanente carga económica por los próximos 10 a 15 años para nuestra facultad. Nos parece que no es descabellado tener reparos ante la responsabilidad que implica esta medida, y creemos que el concepto de lo que el profesor Muñoz denomina como “endeudamiento razonable” es algo en lo que se debiera discutir más a fondo en nuestra comunidad universitaria.
También quisiéramos recalcar que es falso que no existiera un petitorio antes de llevar a cabo la acción de la toma. El proceso de toma de la facultad responde al llamado de los distintos centros de alumnos del campus a realizar un proceso conjunto de toma, con miras a conseguir injerencia en el desarrollo de un proyecto que afecta directamente a todas las facultades del campus. Aceptamos cualquier crítica a la forma en que hemos realizado las cosas, pero también queremos dejar en claro que no somos un “grupúsculo” de dictadores que pretenden imponerse a una mayoría silenciosa de estudiantes. Siempre hemos estado dispuestos a reevaluar nuestras acciones, y éstas han sido aceptadas en asamblea general por una amplia mayoría de asistentes. Y en cuanto esa mayoría decida deponer las acciones que hemos tomado, eso va a acontecer. Todas las asambleas revaluativas se han informado a los correos de los distintos cursos, y a los correos particulares de los estudiantes que el CGR posee. Pero no nos podemos hacer cargo de los estudiantes que, por una razón u otra, no han asistido a estas reuniones, ni podemos asumir que todos los estudiantes que faltan piensan de la misma manera. La toma fue una decisión definida a través de la instancia que el estamento estudiantil ha determinado para tomar decisiones, que son las asambleas generales de CGR. La legitimidad de esta decisión reside en dicha instancia, y en el derecho que tiene el estamento estudiantil a elegir la forma de organización que quiere darse. En ese sentido, no creemos prioritario ni pertinente que otros estamentos critiquen y cuestionen la forma en que el estamento estudiantil se organiza. Aceptamos que cada académico y funcionario tiene derecho a tener una opinión al respecto a la organización que formamos, pero la decisión en torno a nuestra forma de organización reside en el propio estamento estudiantil.
Esperamos que esta declaración entregue más elementos que aporten a la discusión respecto de temas que interesan a toda la comunidad del campus.
Estudiantes movilizados en toma.
Facultad de Filosofía y Humanidades.
[1] Recuérdese que para la aprobación de los estatutos vigentes debía hacerse un referéndum que no sucedió.
[2] Ambas universidades se encuentran mejor posicionadas que la universidad de Chile en el Academic Ranking of World Universities (http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007TOP500list.htm)
La presente declaración está dirigida en primera instancia a los estudiantes con motivo de la reevaluación de la toma el día de mañana, martes 10 de Junio. Sin embargo, a modo de posicionarse en el necesario debate de nuestra comunidad, también apunta a contestar algunos de los dichos del profesor Daniel Muñoz en sus comentarios a nuestra declaración como estudiantes movilizados. Que quede claro: no queremos convencer al profesor, queremos mostrar desacuerdos de principio, con el objetivo último de que la comunidad, con especial énfasis en nuestros compañeros, puedan contar con más elementos y perspectivas para así tomar la postura que les parezca más adecuada.
Este no es ni el espacio ni el momento de contestar pormenorizadamente a cada una de las críticas que sostiene el profesor, ante las que evidentemente no quedamos indemnes y nos parece correcto que así sea. Creemos que sería fructífero para la comunidad elevar el nivel del debate en instancias en las que las modalidades del discurso a las que alude el profesor vengan a lugar; por otro lado, muchos de los comentarios del profesor Muñoz nos parecen pertinentes, como por ejemplo el hecho de que incorrectamente, en nuestra pasada declaración, afirmamos que no había sido definida una propuesta de “nuevo trato” con el Estado por parte de la Universidad. Reconociendo dicho error quisiéramos hacer presente que pareciera que el profesor Muñoz nos exigiera un rigor formal que no es coherente con el género discursivo al que pertenece una declaración pública. Una declaración pública, generalmente, corresponde a una declaración de intenciones que no necesariamente precisa las mismas exigencias formales necesarias en la discusión científica y académica. Tampoco es el espacio adecuado para especificar todas y cada una de las nociones que se utilizan, debido a la importancia que adquiere la función fática, por lo que se busca que sea directa y muchas veces breve. Baste con leer las recientes declaraciones no nuestras, sino del rector, del decano y los consejos de facultad, rebosantes de argumentos sentimentales, apelaciones retóricas y oportunistas al sentido común y posicionamientos de voluntad en torno a los mismos entes abstractos de los que nosotros hablamos (educación pública y demases). No estamos diciendo que baste con el conocimiento espontáneo e intuitivo de la realidad para hacer política, sólo recalcamos que no es una condicio sine qua non para poder opinar sobre algo. Si el derecho a participar en política estribara en emplear un género discursivo que precise justificar lo obvio desde los requerimientos y siutiquerías de la academia, sólo podrían opinar y querer incidir en sus vidas quienes tienen acceso, dominio y preferencia sobre esos modos discursivos; viviríamos entonces (como quizás ya lo hacemos) en una sociedad de tecnócratas. Lo anterior no significa que no valoremos los cuestionamientos del profesor Muñoz, puesto que permiten crear un espacio de diálogo entre los estudiantes (movilizados o no) y parte del estamento académico, que en nuestra cotidiana vida académica, cuando la contingencia no nos presiona a ello, ambos estamentos hemos descuidado.
Por lo anterior, no creemos que este sea el espacio adecuado para responder a todos y cada uno de los comentarios del profesor Muñoz, pero si se hace necesario, para aportar a la discusión, enfocarse en algunos de ellos.
En primer lugar, nos gustaría hacer hincapié en la forma en que el profesor Muñoz define “legitimidad”. Es un error igualar esta noción con la noción de “legalidad”. Es cierto que una de las acepciones de legítimo en el diccionario de la Real Academia Española es la conformidad con las leyes y lo lícito, pero el profesor Muñoz olvida que en la línea anterior del mismo diccionario se agrega que lícito también es lo “justo, permitido, según justicia y razón”. Es un error igualar lo legítimo a lo legal, y es también erróneo que, en base a esto, se concluya que “la única manera legítima de participación es aquella que corresponde por estatutos”. La “legitimidad” SI está sujeta a opiniones. De otra manera, lo único que se logra es aparentar una posición homogénea en una realidad (la Universidad) que es heterogénea.
Esto, pues, difícilmente se puede hacer o incluso hablar de política (sea o no universitaria) limitándose a lo que los actores dicen de sí mismos, sin mediar en confianzas estrechamente vinculadas a la experiencia de los movimientos, a sus demandas de largo aliento y las proyecciones estratégicas que estos trazan para obtenerlas; nos referimos con esto, principalmente, al hecho de la constante apelación a los estatutos que jamás hemos legitimado[1], en el sentido, evidentemente que aclaramos más arriba. Se suma a esto el hecho de que en la mesa de diálogo se ha manifestado la voluntad de referendar los estatutos en la comunidad. Las razones del rechazo a la institucionalidad vigente están a la vista: ni en el Senado Universitario ni en el Consejo de Facultad tenemos participación efectiva. Para que no se nos acuse de ambiguos, especificamos qué se quiere decir con eso: en el Senado, ni aunque sumásemos una noción en bloque de funcionarios (2 senadores) y estudiantes (7 senadores) se puede proponer un tema. En el Consejo de Facultad tenemos derecho a un delegado con voz pero sin voto. ¿Se piden comparaciones, experiencias exitosas?, para muestra un botón: en la Universidad de Buenos Aires, la cual se encuentra dentro de las mejores cinco de Latinoamérica, existe cogobierno en igual proporción entre académicos, funcionarios, estudiantes y egresados. Por lo demás, la sociedad argentina no es ni la dictadura del proletariado ni el caos social.
Con respecto a la alusión al informe del Consejo Asesor Presidencial, si bien es cierto que el documento no explicita que los convenios sean el nuevo trato, tampoco se establece que el estado se haga responsable de la totalidad de las necesidades de las universidades estatales, y desde nuestro punto de vista el rol de “Core funder” (que el documento traduce como financista de aspectos básicos) y “planificador” tal como lo describe el informe del CAPESUP, no satisface esta aspiración. Se debe hacer presente que pensamos que “la revitalización de las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales” o cualquier “prioridad de interés general” no estriba en una inyección violenta y transitoria de recursos, además en una sola región, sino en una política sostenida de financiamiento por parte del Estado, a nivel de toda la Universidad de Chile (incluidas “ex”–sedes regionales). Nuevamente, existen ejemplos de universidades como la UNAM o la UBA[2], gratuitas, reconocidas por su capacidad de investigación y extensión, financiadas en gran parte por el Estado, en países que están lejos de venir de una revolución social reciente. Esto se ha expresado en una demanda histórica, sostenida, a largo plazo, por parte del movimiento estudiantil, de mayor aporte fiscal directo con miras a la gratuidad.
Con relación a que en “ninguna parte del documento de la iniciativa se indica algo sobre posibles endeudamientos”, sólo podemos responder que en el foro en que el decano explicó el proyecto (foro realizado a petición de los estudiantes) el Sr. Decano dijo explícitamente que la contraparte implicaba un proceso de endeudamiento. Por muy “responsable” que sea el endeudamiento, es obvio que no es una situación deseable, en cuanto implica una permanente carga económica por los próximos 10 a 15 años para nuestra facultad. Nos parece que no es descabellado tener reparos ante la responsabilidad que implica esta medida, y creemos que el concepto de lo que el profesor Muñoz denomina como “endeudamiento razonable” es algo en lo que se debiera discutir más a fondo en nuestra comunidad universitaria.
También quisiéramos recalcar que es falso que no existiera un petitorio antes de llevar a cabo la acción de la toma. El proceso de toma de la facultad responde al llamado de los distintos centros de alumnos del campus a realizar un proceso conjunto de toma, con miras a conseguir injerencia en el desarrollo de un proyecto que afecta directamente a todas las facultades del campus. Aceptamos cualquier crítica a la forma en que hemos realizado las cosas, pero también queremos dejar en claro que no somos un “grupúsculo” de dictadores que pretenden imponerse a una mayoría silenciosa de estudiantes. Siempre hemos estado dispuestos a reevaluar nuestras acciones, y éstas han sido aceptadas en asamblea general por una amplia mayoría de asistentes. Y en cuanto esa mayoría decida deponer las acciones que hemos tomado, eso va a acontecer. Todas las asambleas revaluativas se han informado a los correos de los distintos cursos, y a los correos particulares de los estudiantes que el CGR posee. Pero no nos podemos hacer cargo de los estudiantes que, por una razón u otra, no han asistido a estas reuniones, ni podemos asumir que todos los estudiantes que faltan piensan de la misma manera. La toma fue una decisión definida a través de la instancia que el estamento estudiantil ha determinado para tomar decisiones, que son las asambleas generales de CGR. La legitimidad de esta decisión reside en dicha instancia, y en el derecho que tiene el estamento estudiantil a elegir la forma de organización que quiere darse. En ese sentido, no creemos prioritario ni pertinente que otros estamentos critiquen y cuestionen la forma en que el estamento estudiantil se organiza. Aceptamos que cada académico y funcionario tiene derecho a tener una opinión al respecto a la organización que formamos, pero la decisión en torno a nuestra forma de organización reside en el propio estamento estudiantil.
Esperamos que esta declaración entregue más elementos que aporten a la discusión respecto de temas que interesan a toda la comunidad del campus.
Estudiantes movilizados en toma.
Facultad de Filosofía y Humanidades.
[1] Recuérdese que para la aprobación de los estatutos vigentes debía hacerse un referéndum que no sucedió.
[2] Ambas universidades se encuentran mejor posicionadas que la universidad de Chile en el Academic Ranking of World Universities (http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007TOP500list.htm)
1 comentario:
buena cabr@s
me puedo limitar a solo decir eso?
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